“Esto no puede seguir así”, había afirmado en septiembre pasado el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. Se refería al preocupante caso de un adolescente de tan solo 16 años, quien había sido detenido en 71 ocasiones por la Policía de la Ciudad, a lo largo de diversas situaciones delictivas. En aquella oportunidad, el menor había sido arrestado por el robo de un celular en Palermo y de una cadenita de oro en el barrio de Balvanera.

"71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace bien su trabajo, pero esto no puede continuar así. Solo en los últimos ocho días hemos detenido a 74 menores por delitos. La policía los detiene y continuará haciéndolo, pero sin una nueva Ley Penal Juvenil, seguirán saliendo", había señalado Wolff, quien en ese entonces formaba parte del equipo de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. La declaración del entonces ministro no solo reflejaba el descontento con la situación, sino también un llamado urgente a modificar las leyes para abordar este fenómeno de forma más efectiva.

El problema que destacaba Wolff, relacionado con la creciente incidencia de menores de edad en delitos, se manifestó claramente en las estadísticas oficiales de 2024. De acuerdo con las fuentes oficiales, el año pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, un total de 1.788 niños y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores, lo que representó un incremento del 2,6% en comparación con 2023. De estos jóvenes, el 71,5% no tenía antecedentes penales previos, una cifra que se mantuvo similar al 71% registrado en el período anterior. Estos datos provienen de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según la misma fuente, los delitos contra la propiedad fueron los más comunes, representando el 81,4% de los casos, y dentro de estos, los robos fueron la principal modalidad delictiva. En el 18,6% restante de los casos, los delitos se distribuyeron de la siguiente forma: el 32,1% correspondió a delitos contra la integridad sexual, el 27,8% a delitos contra la administración pública, un 8% a delitos contra las personas y otro 8% a delitos contra la libertad. Uno de los casos que más resaltó fue el de una banda de tres menores, todos con antecedentes, que en diciembre del año pasado robaron un automóvil a una familia en Villa Lugano, un asalto violento a plena luz del día. Los delincuentes, de entre 15 y 16 años, atacaron a una familia en las calles Cafayate y Unanué, llevándose un Peugeot 308GT, el cual fue posteriormente recuperado por la Policía de la Ciudad, abandonado cerca de la Villa 20. Los tres sospechosos fueron detenidos poco tiempo después.

"Los menores que atacaron a una familia en Lugano están detenidos. Los tres son menores, tienen antecedentes y, una vez más, los volvimos a detener. ¿Cuántas veces más tenemos que detenerlos? Es urgente una nueva ley penal juvenil, con baja de la edad de imputabilidad y quita de patria potestad a las familias que fomentan el delito. Es con orden", escribió Wolff en su cuenta de Twitter (X), dejando en claro su postura sobre la necesidad de cambiar las leyes vigentes para enfrentar este fenómeno.

El debate sobre la baja de la edad de inimputabilidad se ha convertido en un tema central en la agenda del Gobierno desde la asunción de Javier Milei como presidente, con el respaldo de sus ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente. En junio de 2024, ambos presentaron un proyecto para un nuevo régimen penal juvenil que, de aprobarse, introduciría cambios significativos en la legislación actual. Este proyecto contempla que los adolescentes de entre 13 y 18 años puedan ser imputados por hechos tipificados como delito en el Código Penal, lo que representaría una modificación importante en relación con la normativa vigente, que actualmente establece que los menores de 16 años son inimputables. El Ejecutivo Nacional, a través de sus funcionarios, ha hablado de un “cambio de paradigma” en la forma de abordar la criminalidad juvenil.

En este contexto, el informe de la BGD también señaló que uno de cada cinco jóvenes con un expediente judicial había tenido al menos una causa elevada a un Tribunal Oral de Menores. Entre los menores con causas penales, el 88,6% eran varones, siendo la franja de 16 y 17 años la más representativa, con un 55,2%. En cuanto a la nacionalidad, el 94,9% de los involucrados eran argentinos, mientras que el 55,2% residía en la provincia de Buenos Aires y el 44,6% en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque el número de menores con expedientes judiciales aumentó, según la BGD, el número de causas registradas experimentó una disminución. En total, se registraron 2.076 causas, lo que representó una caída del 4,5% respecto a 2023, lo que equivale a una tasa de 66,5 causas por cada 100.000 habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el informe, el 92,4% de las causas provienen de las comisarías de la Policía de la Ciudad, especialmente de las ubicadas en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), 4 (Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 3 (San Cristóbal y Balvanera), que son las que más incidieron en el total de las causas.

En cuanto a los delitos, el informe revela que las causas por delitos contra las personas fueron solo 32, lo que representa aproximadamente el 1,5% del total de causas, involucrando a 64 niños, niñas y adolescentes. De estas 32 causas, 13 correspondieron a homicidios (ocho en grado de tentativa, tres homicidios culposos y dos asesinatos consumados). Esta cifra, aunque menor en comparación con los delitos contra la propiedad, sigue siendo alarmante y refleja la gravedad de algunos de los crímenes cometidos por menores en la actualidad.

En resumen, la creciente preocupación por la criminalidad juvenil en la Ciudad de Buenos Aires ha generado un fuerte debate en torno a la necesidad de reformar el sistema judicial y penal para abordar con mayor efectividad los delitos cometidos por menores. Las estadísticas reflejan una realidad compleja, en la que la inseguridad y la reincidencia entre los adolescentes delincuentes se han convertido en un desafío cada vez más urgente. La propuesta de bajar la edad de inimputabilidad y modificar la legislación penal juvenil es una de las medidas planteadas por el Gobierno, en un intento por controlar esta problemática, pero el debate sigue abierto, con opiniones divididas sobre las mejores soluciones. Lo cierto es que la situación exige respuestas rápidas y eficaces para garantizar la seguridad de la ciudadanía y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de reintegrarse adecuadamente en la sociedad.

Fte: lanacion.com.ar y csjn.gov.ar
Redacción / Edición: Libralato Romina
publicación: 18 de Marzo de 2025- caracteres 6900