El juez federal Daniel Rafecas dictaminó que los imputados constituyeron una organización para actuar en forma “criminal”, con el objetivo de realizar un “negocio inmobiliario” y lotear las parcelas del terreno tomado.

El juez federal Daniel Rafecas decidió ayer el procesamiento de diez de las personas acusadas por la toma del predio en el que funciona el Club Albariño en Villa Lugano, y que comenzó el 13 de diciembre y fue liberado de forma pacífica el 28 de ese mismo mes.

Para el magistrado, la ocupación del terreno, que es propiedad de la Nación, tenía un propósito claro de usurpación con fines comerciales y para ello se conformó una asociación ilícita. La “acción criminal” tenía como propósito no sólo lotear y realizar un negocio inmobiliario, sino que también se quería instalar allí la sucursal de una bailanta, según fundamentó.

Precisamente, el principal imputado y señalado como el jefe de la organización es Guillermo Ramón Ferreira, dueño de la bailanta Poli 8, que funciona en Ciudad Oculta. Ferreira se encuentra detenido desde el pasado 25 de diciembre y su captura y la de los primeros cinco imputados desencadenó que las personas que habían tomado el terreno, finalmente desalojaran el Club.

Las detenciones se habían producido una semana después de que el juez visitara personalmente el lugar y hablara con los vecinos. En un coordinado operativo con las fuerzas de seguridad, ya bajo el mando de la ministra Nilda Garré, Rafecas había ordenado en su oportunidad un cerco perimetral al predio, el cierre de las calles aledañas que daban acceso al lugar y las propias detenciones.

Ferreira fue procesado por usurpación de tierras y asociación ilícita.

Los otros acusados por los mismos delitos son Ana María Ojeda, Carlos “Jirafa” Fernández, y Luis Fredez Domstavo Duarte, Elizabeth Roxana Gómez, José Alberto Beltrán, Rubén Cordero, Arnildo Silgero Orrego y José Luis “Moco” Meza fueron procesados por usurpación.

Para el magistrado, la asociación ilícita no se configuró para esta toma sino que ya venía operando en Ciudad Oculta desde tiempo atrás. De hecho, en las primeras pesquisas que realizó su juzgado quedó claro que la hipótesis inicial de que la usurpación fuera impulsada por punteros políticos fue descartada y todo apuntaba a una red establecida para realizar negocios inmobiliarios. En su resolución, quedó establecido que la asociación ya había intentado tomar la calle Álvarez para anexarla a la villa y había robado equipos de radios a la emisora “FM Azul”. Uno de esos equipos fue secuestrado por el magistrado cuando ordenó el allanamiento de local “Poli 8”, que luego fue reconocido como propio por el titular de la emisora.

Las versiones de un nexo político se debieron a que la toma del club se dio casi simultáneamente con la ocupación del Parque Indoamericano, que con tres muertes y una cuestionada acción de las policías Federal y Metropolitana, desencadenaron que el Estado nacional creara el Ministerio de Seguridad bajo el mando de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.

En la causa se encuentran también imputados Carmelo “Tincho” Meza, quien hacía las veces de seguridad en la bailanta “Poli 8”, “Juancito el Misionero” y “El pelado Harley”, a quienes el juez considera miembros importantes de la asociación ilícita.

fte: bae
publicación 1 de febrero de 2010- caracteres 3273